El inicio del curso escolar 2026-2027 en Cataluña ha estado marcado por una ausencia generalizada de actividades complementarias. Un total de 1.354 centros educativos públicos, lo que representa más de la mitad del territorio catalán, se han adherido al manifiesto “Paremos las salidas y las colonias”. A diferencia de otras movilizaciones, esta iniciativa no responde a directrices sindicales, sino que germinó de manera orgánica en las asambleas de profesores del Maresme a principios de año antes de expandirse rápidamente.
El detonante principal de esta huelga de actividades extraescolares es la falta de compensación y el riesgo legal que asume el profesorado al gestionar pernoctaciones y viajes en su tiempo libre. Aunque la Generalitat intentó aplacar el descontento ofreciendo una retribución de 50 euros por noche y docente —con un coste estimado de hasta diez millones de euros—, los profesores calificaron la propuesta de insuficiente para resolver la problemática real.
El impacto económico y social del parón
Las consecuencias de esta decisión ya impactan de lleno en el tejido empresarial del ocio educativo. La patronal ACELLEC, que agrupa a entidades como Fundesplai y la Fundació Pere Tarrés, advierte de un desplome del 80% en las reservas de colonias. Asimismo, museos, teatros y espacios naturales vinculados a estas rutas pedagógicas temen graves pérdidas económicas si la situación no se reconduce.
Por otro lado, instituciones como el Síndic de Greuges han alertado de que la supresión de estas vivencias afecta de forma desproporcionada a los estudiantes de entornos vulnerables. Mientras la escuela pública frena estas actividades, los centros concertados mantienen sus programas de albergues y campamentos, ensanchando la brecha de desigualdad.
El precedente judicial y la sombra penal
El trasfondo de este conflicto laboral tiene una fuerte raíz jurídica impulsada por el caso del IES Ítaca de Zaragoza. En este proceso, previsto para enero de 2027, dos docentes se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave tras el trágico fallecimiento de un alumno de 17 años durante un viaje a Bélgica.
La imputación desató cancelaciones masivas en Aragón y puso de relieve la indefensión del profesorado ante normativas obsoletas, como la LOE y el Real Decreto de 1995, que no delimitan con precisión la responsabilidad civil ni penal en los viajes escolares de veinticuatro horas. La acumulación de riesgos al cruzar fronteras, gestionar la convivencia nocturna o asumir la tutela en destinos internacionales —como los económicos paquetes hacia Marruecos— mantiene al cuerpo docente en pie de guerra, exigiendo marcos legales claros y seguros en todo el territorio nacional.